En nuestras tres entregas anteriores nos hemos referido a las dos decenas de congresistas de la bancada de Fuerza Popular (FP), sentenciados o investigados por la presunta comisión de diversos delitos, a cuál más escandaloso. Aunque son la mayoría, no tienen la exclusividad en cuanto a congresistas corruptos se refiere. También los hay en otras bancadas como veremos a continuación:
Buscando apoyo
El 28 de diciembre último el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Cusco emitió orden de captura para el congresista Benicio Ríos Ocsa, sentenciado a 7 años de prisión por el delito de colusión agravada, al adquirir terrenos con costo sobrevaluado cuando era alcalde provincial de Urubamba.
La condena se debió a la compra sobrevalorada de un terreno destinado a la construcción de un relleno sanitario, cuando Ríos era alcalde en 2009. Inicialmente el dueño de la propiedad puso el precio de 250 mil dólares, pero la compraventa final se hizo por 423 mil 900 dólares. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, de la Corte Suprema de Lima, confirmó que Ríos no puede ampararse en su inmunidad parlamentaria para evitar ir a prisión. No obstante, el congresista es protegido por sus pares, que insisten en pregonar su inmunidad parlamentaria.
De nada le valió al congresista disentir de su bancada Alianza Para el Progreso (APP) y votar a favor de la vacancia del expresidente Kuczynski, el pasado 21 de diciembre, pese a que ese grupo había acordado votar en contra. Ahora espera que la bancada fujimorista, a la cual apoyó cuando lo necesitaron para el primer proceso de vacancia, lo respalde y lo libre de la prisión, donde debía estar hace rato.
Investigado con padrino
Richard Acuña Núñez, líder de APP y colega del anterior enfrenta un pedido de investigación fiscal presentado por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema, dirigida por el juez supremo Francisco Távara. En el oficio cursado al Congreso el 16 de octubre de 2017 se detalla que el parlamentario es investigado por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia, fraude procesal y otros en agravio del Estado, tras ser denunciado por la adquisición ilegal de un terreno.
Previamente, el 12 de septiembre pasado el PJ solicitó el levantamiento de la inmunidad de Acuña por el mismo caso, pero el Congreso devolvió el expediente por "no haber cumplido en estricto con los requisitos formales para la admisión del pedido".
Acuña y su hermana Kelly están acusados de apropiarse ilícitamente de un terreno de 20 mil m2, ubicado en el distrito de Víctor Larco, en Trujillo, para lo cual habrían presentado "documentos presuntamente fraudulentos", según la magistrada Alicia Villanueva, titular del Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo.
General revendedor
Edwin Donayre Gotzch fue electo por APP. El excomandante general del Ejército afronta un proceso legal, que se inició el 4 de octubre de 2015 contra él y otras 41 personas, por la venta ilegal de combustible que habría ocasionado pérdidas al Estado por 2 millones 571 mil soles. Un caso que data del 2006, según la fiscal Escarleth Laura Escalante, titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima. Se desconoce el estado actual del proceso.
Denuncias ampliadas
El legislador puneño Edilberto Curro López (Frente Amplio) es investigado por el presunto delito de falsedad ideológica, por haber supuestamente aprobado cursos en una universidad de Azángaro sin haber asistido a clases. Otro caso de mentira en la hoja de vida.
A la reja
El 27 de marzo último el Poder Judicial sentenció a cuatro años, ocho meses y un día de prisión efectiva al congresista por Huancavelica Zacarías Lapa Inga, otro del FA. El Primer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho consideró que el parlamentario cometió el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado. En junio del 2015, cuando formaba parte del comité encargado de evaluar y seleccionar personal para el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, calificó como aptos a dos postulantes que no cumplían los requisitos de experiencia mínima laboral.
La corte ayacuchana consideró que el congresista "evaluó indebidamente direccionando la selección de dos postulantes a las plazas en mención, aún sin cumplir con los requisitos exigidos en los perfiles de los puestos".
Por supuesto que el sentenciado alega su inocencia, ha apelado la sentencia y dice que no entorpecerá un eventual proceso para el levantamiento de su inmunidad, en caso se ratifique la sentencia. Aunque no lo crean, él es miembro titular de la Comisión de Justicia y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, como representante del FA.
Con orden de captura
El 21 de junio de 2017, el congresista Rogelio Tucto Castillo, también del FA, fue declarado reo contumaz y el juez del Juzgado Unipersonal de la Provincia de Pachitea, Herber Ramos Dueñas, ordenó su captura a nivel nacional, al no presentarse hasta en cuatro oportunidades al juicio oral en el proceso que se le sigue por el delito de falsedad ideológica, que habría cometido cuando era funcionario (gerente) de la municipalidad de Pachitea. De acuerdo a la acusación fiscal, que ha pedido 4 años y dos meses de pena privativa de la libertad para el parlamentario, existen elementos probatorios que demostrarían que él habría facilitado documentos para inscribir como propio un terreno ajeno en los registros públicos.
Corruptos en la sombra
A todo hay que añadir que, según el investigador Jaime Antezana habría 21 congresistas vinculados al narcotráfico, 10 de los cuales serían jefes de cárteles de la droga. Más aún, señala que 14 narcocongresistas pertenecerían a las filas de FP, 2 a PPK, 1 a la alianza Apra-PPC y 1 pertenecía a una bancada de izquierda.
Sin embargo, el denunciante se abstiene en revelar las identidades, lo que nos hace dudar de sus afirmaciones. "Que la Fiscalía investigue", se ha limitado a decir. Pero si no pone el resultado de sus averiguaciones o indagaciones, difícil saber por dónde empezar una investigación oficial. Habría que recordarle lo que decía Arquímedes: "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo."
Desde aquí le decimos que no se puede echar barro con ventilador si no se tiene documentos probatorios o pruebas indiciarias de lo que se dice. No vaya a ser que se repita el caso del congresista Mamani, que decía tener la grabación de una entrevista con el expresidente PPK y ahora dice que lo grabado "se dañó".
Aquí lo dejamos. Por ahora.
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