Si alguien tenía alguna duda sobre la bancada parlamentaria de Fuerza Popular, los últimos hechos deben haberle aclarado el panorama. No hay duda que se trata de un grupo de delincuentes políticos, encabezados por 'La Madrina', Keiko Fujimori –también investigada por la Fiscalía- y recolectados, según todos los indicios, con la sola condición de contribuir económicamente a la campaña electoral. Por algo será que esa agrupación política está siendo investigada dentro del marco de la Ley contra el Crimen Organizado. Y vaya que está bien organizada. Son muchos los cuestionados, pero defendidos a capa y espada por sus colegas; algunos siguen pasando piola, pero no dudamos que en cualquier momento seguirán saliendo a la luz hechos oscuros (delincuenciales, digámoslo claramente) de otros personajes. Aquí unos botones de muestra:
La camorra fujimorista y su 'Madrina'.
Matón de esquina
Para empezar, recordemos que uno de esos impresentables es el 'legislador' llamado Héctor Becerril Rodríguez, quien nunca quiso aclarar lo publicado por el semanario Hildebrandt en sus Trece, que le recordó su historial policial cuando se desempeñaba como jefe de jefe de Control Patrimonial y Desarrollo Social de la empresa agroindustrial Pomalca y era el encargado de los desalojos, boicotear las reuniones de accionistas y trabajadores que convocaban los opositores a la administración entre el 2006 y el 2011, y que fue sentenciado con prisión suspendida por delito contra el patrimonio.
Solo le falta su número telefónica en el pecho.
Entre otras de sus matonadas, Becerril destruyó la propiedad del ciudadano Freyre Prieto García con un tractor. El agraviado formalizó la denuncia y el Segundo Juzgado Penal Liquidador de Lambayeque condenó a Becerril a 4 años de prisión suspendida por delito contra el patrimonio.
Las malas juntas
El último en ser descubierto en no muy buenas compañías es Edwin Vergara Pinto, otro ahijado de la bancada naranja, quien tuvo una empresa con el narcotraficante colombiano Diego José Sánchez Ospina, detenido el último miércoles 4 cuando salía hacia el aeropuerto para volar a su país, y al que la policía considera integrante de la mafia de narcos peruanos y colombianos que acopió casi una tonelada de clorhidrato de cocaína en un depósito en el distrito de San Juan de Lurigancho, valorizada en 50 millones de dólares y que iba a ser enviada a Europa.
Edwin Vergara aportó a la campaña de Keiko Fujimori 124 mil 240 soles.
Vergara y Sánchez fundaron en el 2014 la empresa Pinturas Golden Colors S. A. C. destinada a fabricar, comercializar, distribuir, importar y exportar pinturas. Como era de suponer, el legislador naranja asegura que en el 2016, antes de ser legislador, vendió todas sus acciones y se distanció de esta empresa. Por lo pronto, ha reconocido que, siendo congresista, se ha reunido con su exsocio hasta en siete oportunidades. Es lógico que proclame su inocencia a los cuatro vientos, pero no pretenda cojudearnos con que va a pedir que le levanten su inmunidad parlamentaria, pues esta es una potestad del Parlamento… y ya sabemos quiénes mandan en esa institución convertida en una cloaca por la mayoría fujimorista.
De hecho ya salieron los defensores de oficio de su propia bancada, para quienes toda denuncia contra cualquiera de sus integrantes es una venganza política, maniobras del Poder Judicial, cortinas de humo, y varios etcéteras más. Cuando una denuncia se refiere a un colega de cualquier bancada opositora a ellos, la cosa es cierta y merece ser investigada. Para FP, todos sus cómpli…, perdón, sus integrantes son impolutos e inmaculados. Solo falta que hagan milagros.
Para saber cómo se comportará la mayoría fujimorista en este caso, basta recordar algunos antecedentes: el 10 de mayo de 2017 el Pleno rechazó un informe de la Comisión de Ética que recomendaba suspender por 90 días al fujimorista Clayton Galván Vento, por omitir en su hoja de vida una sentencia judicial dictada en su contra.
Galván Vento: otro naranja 'olvidadizo'.
En esa misma oportunidad, el Pleno rechazó suspender por 120 días a la naranja Yesenia Ponce, y por 30 días al aprista Elías Rodríguez. A ambos solo se les cursó sendas cartas de amonestación.
Sentenciado con suerte
Otro parlamentario fujimoristya contra quien existe una sentencia de cárcel efectiva es Guillermo Martorell Sobero, representante de la región Tacna.
El pasado 16 de febrero, el Primer Juzgado de Investigación Unipersonal de Tacna lo sentenció a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de colusión, y lo inhabilitó por tres años. El caso se remonta al 2010, cuando Martorell formaba parte del directorio de la Zona Franca de Tacna y participó en la decisión de transferencia en cesión de uso de un terreno a la empresa Escorpio. Esta compañía trasladó luego su propiedad a la Ladrillera Max, de propiedad de la familia Martorell. Es decir, la gestión favoreció al entorno familiar del hoy congresista con un terreno de más de 30 mil m2. La sentencia se encuentra en vías de apelación.
Al filo de la navaja
Un caso más: la legisladora Karina Beteta Rubín fue reelegida no obstante tener un proceso pendiente por lavado de activos del narcotráfico en la Quinta Fiscalía Superior de Lima. Es acusada de haber usado el dinero de su cuñado, Luis Egoavil, preso por narcotráfico, para constituir empresas.
Egoavil García estuvo preso por narcotráfico y desapareció cuando se le inició un nuevo proceso por el mismo delito, dejando sus propiedades a su esposa, Luz Atencia Rubín, hermana de la fujimorista.
La procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo señala que existen evidencias de que las hermanas constituyeron empresas con fondos del narcotráfico. Por supuesto que Beteta lo niega todo. Algo así como: "Es mi hermana… pero no sé nada."
Crecimiento sospechoso
Desde agosto de 2014, la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos investiga al fujimorista Modesto Figueroa Minaya, un empresario dedicado a suministrar combustible a mineros ilegales con cuatro grifos en Puerto Maldonado y en otros en Masuko y San Sebastián, en Madre de Dios.
En las investigaciones se acredita que Figueroa ha registrado un considerable e inusual crecimiento de su patrimonio, que se presume producto del lavado de activos que provienen de las actividades mineras ilegales. Antes de su despegue económico, él era vendedor ambulante en Puerto Maldonado y se dedicaba al servicio de mototaxi. Hoy es propietario de media docena de grifos. Además, el Ministerio Público ha detectado transacciones bancarias sospechosas por más de 45 millones de soles realizadas por el congresista entre 2009 y 2014.
Una sospechosa más
Algo similar ocurre con su colega Marita Herrera Arévalo, de la región Amazonas. Al presentar su Hoja de Vida, señaló que tenía ingresos por 4 mil soles mensuales, monto que, según la Fiscalía Anticorrupción, es incompatible con su participación en millonarias inversiones como empresaria del rubro de la construcción, así como en la compra de terrenos e inmuebles. Por estos hechos, es investigada por la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos.
El 26 de septiembre de 2017, conocido en Amazonas como exchofer de la hoy parlamentaria, identificado como Herley Ramos Marín, fue detenido en la habitación de un hotel de Chiclayo, con un kilo de clorhidrato de cocaína, según la Policía.
Comisión harto cuestionada
Comisión de ' Ética': ¡Qué bonita familia!
En nuestra primera entrega mencionamos tres casos de sanciones contra igual número de congresistas fueron rechazados por el Pleno., Pero son más. En el 2017 también se rechazó las propuestas de suspensión contra Maritza García cuando todavía era miembro de FP y contra el oficialista Carlos Bruce. El primer caso fue devuelto a la comisión, y el segundo sigue a la espera de su debate.
A esto hay que sumarle que la Comisión de Ética ha llevado a cabo numerosos archivamientos de casos controversiales, siendo el más recordado el ocurrido en diciembre del 2017, cuando la mayoría fujimorista decidió no investigar a los que intervinieron en el allanamiento fiscal de dos locales partidarios de FP. En esta lista estaba incluida Rosa Bartra Barriga, presidenta de la Comisión Lava Jato, quien negó haber interferido en la diligencia fiscal, pese a que el fiscal José Domingo Pérez dejó constancia de ello en su acta y los videos difundidos lo confirmaban.
Hizo lo propio con su coleguita Yesenia Ponce, acusada de haber pagado S/ 10,000 al exdirector del colegio donde ella aseguraba haber terminado su educación secundaria.
Sin embargo, ese mismo grupo de trabajó se mostró diligente para priorizar las acusaciones contra los exnaranjas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, quienes aparecen en los 'mamanivideos', y se incluyó al propio Mamani.
En la misma oportunidad, se decidió investigar al aprista Jorge del Castillo y a Marisa Glave Remy, de Nuevo Perú, por presuntamente haber irrumpido en un acto de la Municipalidad de Barranco, en referencia a la subasta que realizó dicha comuna del estadio Unión.
(Continuará)
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