Sorprendente celeridad del Congreso

En denuncia constitucional contra fiscal Pablo Sánchez

Aunque la acusación constitucional y el pedido de inhabilitación del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aún tiene para rato, un informe publicado el sábado 25 en el diario El Comercio nos motiva a explicar el procedimiento que se sigue en estos casos, para ilustración de nuestros lectores.

Decimos que la cosa tiene para rato porque, de acuerdo con lo establecido en el inciso i) del Art. 89.º del Reglamento del Congreso, y en los artículos 99.º y 100.º de la Constitución Política, son varios los pasos que deben cumplirse para que sea aprobada o rechazada y archivada.

 

¿Se ampliará legislatura para denunciar e inhabilitar a fiscal Sánchez?

Pese a que el informe a que hacemos referencia, señala que la denuncia constitucional presentada "es la que más rápido ha sido tramitada en el Congreso", lo cierto es que hay varias etapas, que se inicia con su presentación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ya la admitió y aprobó. El segundo paso cumplido es el plazo de 15 días hábiles, que se cumple el martes 12 de diciembre, otorgado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue la denuncia y presente un informe de calificación a la misma CP.

Si el informe final, como casi es seguro que así ocurra, concluye con la acusación del fiscal, la Comisión Permanente deberá reunirse nuevamente para debatir el informe y votarlo, y proponer la acusación ante el Pleno. Una vez aprobada la acusación, que todo hace prever que así será, dado que Fuerza Popular cuenta con la mayoría necesaria para ello, la CP deberá nombrar una Subcomisión Acusadora, que se encargará de sustentar el informe y formular la acusación correspondiente.

Aquí es donde entra a tallar los problemas matemáticos a que hace referencia El Comercio, ya que para que proceda la acusación y la inhabilitación del Fiscal se requiere del voto a favor de los dos tercios del número de miembros del Congreso, "sin la participación de la Comisión Permanente".

Lo anterior significa que para la aprobación de la denuncia constitucional se debe descontar a los 26 integrantes de la CP, y para ello se requiere el voto favorable de la mitad más uno de los 104 congresistas hábiles, esto significa 53 votos a favor. En este caso, su aprobación se daría por descontado, ya que, hipotéticamente, FP contaría con 56 votos, al que se sumaría el de la congresista Yenny Vilcatoma, autora de una segunda denuncia constitucional.

Decimos que la suma es hipotética, porque se presume que Kenji Fujimori no votaría a favor, y junto con él, también podrían abstenerse o pronunciarse en contra algunos de sus seguidores.

Donde se le presentaría problemas a la bancada naranja es cuando se vote la inhabilitación del fiscal denunciado, pues para ello se requiere del voto a favor de los dos tercios de los congresistas, lo que significa 69 votos a favor. (La misma votación se requeriría si se decidiese votar por la acusación constitución constitucional y la inhabilitación al mismo tiempo.)

Si tomamos en cuenta el cálculo anterior, FP tendría 57 votos (toda su bancada, incluidos Kenji y Vilcatoma), por lo que requeriría de 12 votos adicionales.

El fiscal de la Nación puede, por ahora, respirar tranquilo y estar seguro que la denuncia no prosperaría si las otras bancadas (Peruanos por el Kambio, Alianza para el Progreso, Frente Amplio, Célula Parlamentaria Aprista y Acción Popular) se mantienen sus trece y reiteran su voto en contra de la denuncia constitucional, calificada de absurda, sin sustento jurídico y atentatoria contra la autonomía del Ministerio Público.,

Lo que sí resulta sorprendente, y en esto coincidimos con el informe de El Comercio, es la celeridad con que viene actuando este Congreso dominado por la mayoría fujimorista.

En efecto, el diario recuerda que la última vez que el Congreso aprobó una acusación constitucional fue en el 2013, cuando fue destituido el legislador Michael Urtecho, con 78 adhesiones.

Igualmente, publicó un cuadro en la que muestra las 15 denuncias anteriores declaradas procedentes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y que permite confirmar que la actual denuncia contra el Fiscal se viene resolviendo más aceleradamente en comparación con aquellas.

Desde que la denuncia del fujimorista Daniel Salaverry ingresó a la comisión hasta que se aprobó su procedencia, pasaron nueve días. Y desde que se declaró su procedencia hasta que la CP inició el proceso de investigación, pasaron cinco días más. En el caso del fiscal de la Nación, los procesos fueron mucho más cortos que en otros casos similares.

Mientras todo ese proceso se cumpla, debemos advertir que se podría cumplir el período de duración de la presente legislatura (el 15 de diciembre, conforme al Reglamento del Congreso), por lo que el tema se tendría que posponer para la siguiente legislatura que se inicia el 1 de marzo próximo.

No se descarta que, en su afán avasallador y para demostrar su intención de sancionar sí o sí al fiscal Pablo Sánchez, el fujimorismo apele a los procedimientos establecidos en el mismo Reglamento; esto es, ampliar la presente legislatura o, a posteriori, convocar a una sesión extraordinaria del Pleno para tratar este tema.

Para concluir, reproducimos el cuadro publicado por El Comercio, en la que se nuestra el tiempo que duró el tratamiento de anteriores acusaciones constitucionales, en comparación con la que nos ocupa: