Piqueo semanal

Ardió Troya

Los parlamentarios apristas pusieron el grito en el cielo esta semana luego de que el juez José Antonio Castellanos, titular de la Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Lavado de Activos, decidiera ampliar el plazo de investigación al expresidente Alan García por tres años y adecuar las pesquisas dentro de los alcances de la Ley contra el crimen organizado. Lo propio hicieron los fujimoristas luego de que el fiscal de lavado de activos José Domínguez Pérez decidiera también investigar a su lideresa Keiko Fujimori, y a su esposo Mark Vito Villanella en el marco de la ley de crimen organizado y el Nuevo Código Procesal Penal (Ley 30077).

Los seguidores e incondicionales de los hasta ahora intocables, santos e inmaculados personajes de nuestra política atribuyeron a toda suerte de conjura en su contra por esta decisión judicial.

¿Esposos y cómplices?

Misma mafia siciliana

Lo que más ha sacado roncha es la presunción del juez Castellanos de que 'san Alan Gabriel' sea "el líder de la presunta organización criminal cuyo objetivo es la comisión del delito de lavado de activos… (y que) habría dispuesto se ejecuten los actos de lavado de activos originados en actividades criminales de cohecho, contra la administración pública y otros", según se lee en la resolución fiscal N.º 7 del pasado 28 de septiembre. El documento añade que el líder de la estrella se habría apoyado en una sólida organización delictiva, "que habría funcionado de manera regular", integrada permanentemente por los demás investigados y otras personas.

Ley de la mordaza

La resolución del fiscal Castellanos va más allá al afirmar que la presunta organización dirigida por García "no era cualquiera", sino que estaba integrada por personas "de confianza absoluta". Sus integrantes –añade- debían tener "la capacidad de guardar silencio, castigándose cualquier acto de traición, una suerte de código de honor propio de las organizaciones criminales tristemente célebres (mafia, Camorra, 'Ndrangheta', etc.)". En un anterior comentario dijimos que tras de esa organización estaría el 'Comando Rodrigo Franco', como encargado de poner en su sitio o silenciar a quien rompa su silencio. ¿Recuerdan que uno de los exfuncionarios con prisión preventiva se ofreció como 'colaborador eficaz' y a los pocos días se retractó? ¿Por qué ese cambio? Chi lo sa.

Informe revelador

Lo que más ha preocupado al exmandatario es que el juez haya tomado como documento de referencia el informe de la 'megacomisión' del Congreso, presidida por el excongresista Sergio Tejada, que lo investigó durante casi tres años, y cuyas conclusiones fueron dejadas sin efecto por decisión de la Corte Suprema "de Justicia". Ese informe de casi 300 páginas, que está publicado en la web, revela las estrechas vinculaciones de san Alan Gabriel y sus presuntos cómplices y los diversos y jugosos entripados empresariales nada claros, que les permitió enriquecerse ilícitamente. Su archivamiento fue una de las tantas jugadas maestras de la defensa alanista y una prueba más del poder que ejerce sobre el órgano jurisdiccional.

Capo di tutti capi

Por citar un caso revelado en el informe, su entonces ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, se enriqueció escandalosamente mientras ejercía el cargo, pues al mismo tiempo gozaba de licencia con goce de haber como rector de la Universidad San Martín de Porres, con ingresos mensuales superiores a 150 mil soles. Y no tuvo empachos en suscribir contratos entre su despacho y esa universidad particular. El informe contiene una veintena de funcionarios, cuyos ingentes ingresos no pudieron explicar ni aclarar ante la megacomisión, y en todos los negociados descubiertos se repiten los nombres de san Alan, Chang Escobedo, Hernán Garrido Lecca, Aurelio Pastor, Luis Nava y Pilar Nores, quienes figuran en el primer nivel de la presunta organización criminal. Según La República, el trabajo del fiscal Castellanos señala a unas 31 personas involucradas en la investigación.

Otra pareja en poblemas.

¿Quién se contradice?

En torno a la presunta 'contradicción' del fiscal Castellanos, quien en octubre de 2016 dispuso archivar la denuncia por falta de elementos probatorios. Olvidan los defensores de san Alan que en diciembre el fiscal superior Marcos Villalta desestimó esa conclusión y ordenó reabrir el proceso de investigación. La Procuraduría Anticorrupción también se había pronunciado en contra del actuar de Castellanos al criticar que no se había escuchado las versiones de los congresistas de la megacomisión ni de la militante aprista que lo había denunciado por lavado de activos: Ángela Valdez Rivera. ¿Dónde está, pues, la supuesta contradicción? En todo caso, y como lo ha dicho reiteradas veces el propio san Alan Gabriel, "el que no la debe no la teme". Si es así nadie se explica el porqué de tanto aspaviento.

Caso reservado

Por lo demás, y para que el investigado no tenga excusa para decir que su caso es político, el personal del despacho de Castellanos ha recibido la orden de guardar silencio ante cualquier consulta sobre la investigación. La prohibición se ha extendido a los abogados defensores de los investigados y la Procuraduría. "Se recuerda a los sujetos procesales (investigados, procuraduría pública y abogados) que las copias obtenidas de los actuados y disposiciones fiscales y otros emitidos por este Despacho deberán ser utilizadas exclusivamente para los fines de su defensa, debiendo guardar absoluta RESERVA, bajo responsabilidad y consecuencias legales", dice la disposición del fiscal.

Defensores de oficio

Apristas y fujimoristas han rechazado las investigaciones por basarse en 'presunciones sin sustento' y la han calificado de 'aberración jurídica'. Pero cuando se trataba de denuncias que involucraban a los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, cualquier versión que se difundía en los medios eran calificadas como 'pruebas irrefutables' contra ellos. Pero la vara no es la misma cuando de investigar a sus líderes se trata. Es estos casos se trata de una 'conjura' y una 'persecución política' organizadas por manos extrañas. Y hasta se atreven a lanzar no muy    veladas amenazas contra el juez Castellanos. Con la mayoría aplastante que tienen ambas agrupaciones en el Congreso no sería de extrañar que aprueben alguna propuesta, por írrita que sea, para trabar o impedir el curso de las investigaciones. .

Defensores incondicionales.

Investigación naranja

En cuanto a 'santa Keiko', las investigaciones que la involucran incluyen dos campañas y las anotaciones de Marcelo Odebrecht, el mandamás de la empresa que lleva su apellido. La primera investigación empezó a mediados de octubre del 2015, cuando el Ministerio Público comenzó a indagar si hubo presuntos aportes fantasmas a favor de la campaña de Keiko en el 2011 y su bancada, entonces llamada Fuerza 2011. Varios testigos que fueron incluidos como aportantes negaron haber hecho pagos. En cuanto al pago de coimas por parte de empresas como Odebrecht y OAS a diferentes funcionarios en países de toda la región para obtener millonarias licitaciones, la santa naranja negó, desde un inicio, cualquier vínculo con esas firmas brasileñas o con el empresario preso. Sin embargo, a mediados de año, este la mencionó durante un interrogatorio de fiscales peruanos.

Coctelada de billetes verdes

El año pasado el Ministerio Público abrió una investigación por el dinero que el fujimorismo recaudó a través de cocteles en la campaña presidencial que se realizaron el 14 de noviembre y el 21 de diciembre del 2015. El 28 de septiembre último el fiscal Domínguez Pérez amplió las investigaciones contra santa Keiko y Fuerza Popular (FP) en el marco de la Ley de Crimen Organizado, por un plazo de 36 meses. La decisión generó el rechazo de miembros de los congresistas de FP. "¿Quién en su sano juicio puede creer que Keiko y su esposo lideran una organización criminal. No tiene sentido", exclamó un ingenuo Daniel Salaverry, vocero de esa agrupación. Desde aquí solo nos queda decirles que vayan a llorar a la pampa, y que dejen que la fiscalía cumpla con sus funciones. Si tampoco la deben a qué le temen.

Aquí lo dejamos. Por ahora.