Un análisis coste-beneficio estima los retornos socioeconómicos de la construcción de la red sevillana de carriles bici. Se trata del primer estudio de este tipo realizado en una ciudad española.
El catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla José Ignacio, Castillo Manzano, autor principal del estudio, asegura que "las políticas de promoción de la bicicleta son muy intensivas y extensivas en el uso de espacio público. Concretamente, en el caso de Sevilla, estamos hablando de 140 km de vías ciclistas, más el espacio necesario para ubicar 260 estaciones de bicicletas públicas y diferentes parkings que se han ido construyendo". Este importante consumo de suelo público suele ser el germen de una alta conflictividad social, y solo un retorno social positivo justificaría acometer las inversiones en infraestructuras ciclistas.
No obstante, el estudio recientemente publicado en la revista de referencia internacional Land Use Policy llevado a cabo por el grupo de investigación Applied Economics & Management, con sede en la Universidad de Sevilla, supone la primera evaluación económica a largo plazo que se realiza sobre la adopción de estas políticas por parte de una ciudad española. Concretamente, el periodo temporal elegido ha abarcado desde el inicio de la construcción de los carriles bici en 2006 hasta 25 años después de su puesta en servicio, en 2032.
Por un lado, se han considerado tanto los costes de construcción y mantenimiento de las infraestructuras ciclistas como los derivados de una posible mayor siniestralidad vial debido a los accidentes entre ciclistas con peatones y automovilistas. Frente a estos costes se han cuantificado económicamente beneficios indiscutibles, como el ahorro en los costes de uso y mantenimiento de vehículos a motor; el valor monetario del ahorro de tiempo en los desplazamientos por el uso de la bicicleta, especialmente frente a los usuarios de transporte público; la disminución de la mortalidad como consecuencia del mayor ejercicio físico o los menores costes asociados a la disminución de las emisiones contaminantes, que se han estimado para cada una de ellas por separado.
Realizados los cálculos y estimaciones, se obtiene que la rentabilidad social que se está consiguiendo con esta inversión pública es de un 130 % de media -en un rango que iría del 116 % al 144 %-, dando un retorno positivo estimado de unos 550 millones de euros para la ciudad de Sevilla. Según el profesor Castillo, "estamos hablando de una tasa de rentabilidad social extraordinaria, frente a lo que se ha obtenido en inversiones en infraestructuras de transporte en general, y urbano en particular, en la historia reciente de nuestro país. Además, se ha optado por un enfoque muy conservador que, probablemente, ha subestimado la rentabilidad de esta política".
Para los expertos este beneficio realmente sería mayor en la medida en que no se han tenido en cuenta otros claros beneficios para la ciudad como, por ejemplo, la reducción en sus niveles de ruido y congestión. Tampoco se han tenido en cuenta los beneficios económicos asociados a la campaña de promoción nacional e internacional que ha dado la bicicleta a la ciudad, ya que Sevilla se convirtió en un ejemplo de éxito rápido de estas políticas en ciudades sin una tradición previa.
El autor también destaca que no basta con una buena red de carriles bici o un amplio sistema de alquiler de bicicletas. Esta apuesta debe venir acompañada por nuevas inversiones, no solo de mantenimiento, sino también complementarias que favorezcan el cambio modal, principalmente parkings en origen y destino, que faciliten dejar de forma segura la bicicleta. Sin ellos, el éxito a largo plazo será limitado. "De hecho, si algo nos enseña el caso de Sevilla, es que sin esas otras medidas, la bicicleta, como medio de transporte urbano, probablemente entrará en un fase de estancamiento, por no decir de cierta decadencia".
Fuente: National Geographic
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