Piqueo semanal

Pobre país

Declarar la vacancia de la Presidencia de la República es una decisión política, en la que no se requiere de sustentación, pruebas ni testigos como ocurre en los procesos jurídicos o penales. En consecuencia, es una decisión eminentemente subjetiva, en la que, como en el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, prima cualquier tipo de interés, en este caso la demostración de la bancada fujimorista de hacer sentir su peso, aunque esa prepotencia e imposición atente contra los intereses del país. Lo más lamentable es que, aparte de dejar sentado que el mandatario no ha sabido explicar con precisión su participación en este supuesto 'negociado' con la empresa Odebrecht (en un acto lícito efectuado cometido hace dos lustros, cuando no se conocía de los actos de corrupción que venía cometiendo), la decisión de declarar la vacancia está en manos de una agrupación política que viene siendo investigada, precisamente por haber recibido dinero ilícito para su campaña electoral. Lo sintetizó el caricaturista Heduardo del diario El Comercio hace unos días:

¿Solo ocurre en nuestro país?

Misteriosa

Dentro de la situación creada, hay algunos 'misterios' en torno a la decisión que tomó la cuestionada presidenta de la 'Comisión lava jato', Rosa Bartra, de hacer público el informe que, a su solicitud, le remitió Odebrecht, sobre los contratos de asesoría firmados con cuatro empresas vinculadas a PPK. Un analista de este caso sostiene que uno de los 'misterios' es por qué la señora Bartra solicitó ese informe, por iniciativa personal, sin previo acuerdo con los integrantes de su grupo de trabajo, y no incluyó a otras personas y empresas que también son, aparentemente, investigadas por la misma comisión. Otro misterio es si la empresa brasileña se ha referido a otros pagos hechos a todos los que están en investigación, en cuyo caso cabría la pregunta: ¿por qué Bartra no revela el informe completo presentado por Odebrecht, y solo hizo público el que 'comprometía' al Presidente?

Acertada explicación.

¿Debido proceso?

Otro misterio que no se ha explicado es sobre el tratamiento de la prueba que debió darse al informe de la empresa Odebrecht, lo que significaba remitir el informe al Presidente, exigirle las explicaciones del caso y después hacer lo que ha hecho, para su satisfacción y para agradar a sus colegas naranjas, lo que les permitió regodearse y frotarse las manos al contar con un elemento que les permitía seguir en su campaña de traerse abajo el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y, como cereza de la torta, al propio Ejecutivo. Según los analistas, con ese comportamiento la presidenta de la Comisión lava jato ha violado el debido proceso e incumplido reglas básicas sobre el tratamiento de la información recabada. Otrosí: la empresa Odebrecht informó de su decisión de ponerse a disposición de la comisión investigadora para dar mayores detalles sobre el tema, pero no se le tomó en cuenta. ¿Por qué, ah?

Al descubierto

Sintetizando: todo lo anterior confirma la estrategia de la bancada fujimorista de acabar con la institucionalidad en el país con una sola finalidad: evitar que continúen las investigaciones en torno a su intocable lideresa Keiko Fujimori. Es que en el probable caso que santa Keiko fuese denunciada, se le abriese proceso penal y, eventualmente, la fiscalía solicitase su prisión preventiva, el caso se convertiría en un castillo de naipe, cae la cabeza y con ella todos los de su entorno, congresistas naranjas en primera línea. Tienen, pues, que blindarla y protegerla, porque detrás de ella están sus propios intereses personales que deben proteger a toda costa. Aunque caigan Sansón y los filisteos.

Más claro, ni el agua.

Irresponsabilidad

Que acabar con la institucionalidad en el Perú es el objetivo central de la bancada fujimorista, aunque para ello tengan que poner sus posaderas sobre todo aquello que se le oponga, lo demuestra lo declarado por el presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien muy suelto de huesos anunció que hará respetar los fueros parlamentarios y que no respetarán el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de solicitar que se deje en suspenso la decisión congresal de sancionar a cuatro miembros del TC por un pronunciamiento de este organismo que no le agrada a los fujimoristas. Nada los hará retroceder en sus propósitos. Aunque el Perú se vaya al carajo.

Aquí lo dejamos. Por ahora.