martes, 12 de diciembre de 2017

Piqueo semanal

Caso para recordar

El 14 de mayo de 2005 el Pleno del Congreso acordó suspender por 120 días al entonces congresista Heriberto Benites, hallado responsable de haber interrumpido la diligencia judicial de allanamiento de su dormitorio por el recordado caso de 'La centralita'.  De nada le sirvió alegar que había ejercido su derecho a la defensa de su domicilio frente a lo que consideró un "atropello" de un grupo de fiscales. La decisión fue tomada con el voto a favor de 54 parlamentarios, entre los que se contaban, cómo no, los votos fujimoristas. Han transcurrido dos años de esa medida correctiva, y nuevamente acudimos a un hecho similar, con casi los mismos personajes, pero que actúan cual transformers. Juzguen ustedes si se trata de la misma figura delictiva. ¿Por qué ayer se sancionó una intromisión en una diligencia judicial, y ahora se le considera "un acto de legítima defensa"?

Heriberto Benites: suspendido por 120 días.

Lluvia helada

Ahora que se ha denunciado el mismo hecho, un grupo de congresistas de Fuerza Popular han armado un tremando escándalo ante el legítimo allanamiento de dos de sus locales. Otra vez han quedado al desnudo por su forma prepotente de actuar y el afán de imponer sus criterios con la repetida frase: "No saben con quién se meten", con la que amenazan a todo aquel que los toque con el pétalo de una rosa. El allanamiento, dirigido por el titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, autorizado por el juez Richard Concepción, cayó como un balde de agua helada sobre la dirigencia y militancia de la agrupación que lidera la mantenida Keiko Fujimori. No esperaban que alguien osara ponerles una mano.

Inmunes e inimputables

El cargamontón contra el juez no tuvo límites. Lo filmaron, fotografiaron y grabaron, en un claro entorpecimiento de una diligencia judicial, hecho que es sancionable por el Código Penal y por el Código de Ética Parlamentaria que, en su Art. 4.º inciso a), señala que son deberes del congresista: "Abstenerse de efectuar gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante entidades del Estado en el e ejercicio de sus funciones". ¿Estaban ejerciendo alguna "labor parlamentaria" cuando irrumpieron en la sede central de FP y alteraron la diligencia judicial que en esos momentos se realizaba? Peor aún: en la labor obstruccionista participó la presidenta de la 'Comisión lava jato', Rosa Bartra, quien, cámara en mano, asumió la defensa del partido al que debe investigar. Si esto no es actuar como juez y parte, ¿qué es?

Hijos de Jano

La cierto es que el pánico se apoderó de los fujimoristas, pese a que unos días antes, cuando el mismo juez dispuso la detención preventiva de cinco connotados empresarios, su vocero, Daniel Salaverry, aseguró: "Como gobierno, respetamos las decisiones del sistema de administración de justicia, el cual actúa con total autonomía, tal como exigen los principios del Estado de derecho." Claro, cuando la justicia actúa contra otros, la fiscalía actúa con "total autonomía", pero cuando investiga a Fuerza Popular se trata de una confabulación del Gobierno, del partido Peruanos por el Kambio y del fiscal de la Nación. Si ellos mismos habían dicho y repetido que "el que no la debe no la teme", ¿por qué, entonces, tanto brinco si el suelo está parejo? Lindos discípulos del dios Jano, el de doble cara.

Defensores con anticucho

Como lo recordó el analista Nelson Manrique, en esta intromisión fujimorista participaron los cabecillas de la 'mototaxi', es decir,  los parlamentarios Luz Salgado, la misma que aparece en un 'vladivideo', en la famosa salita del 'Pentagonito', planeando con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos cómo hacerle la vida imposible al alcalde de entonces, Alberto Andrade. Detrás de ella,  Alejandra Aramayo, que participó en una entrevista televisiva en estado inecuánime (por no decir borracha) y está acusada de extorsionar a varios personajes públicos en Puno, utilizando como arma su canal de televisión; los impresentables Héctor Becerril, Úrsula Letona (en desgracia por revelar que Marcelo Odebrecht ofreció 2 millones de dólares para la campaña de Keiko); Daniel Salaverry y Élard Melgar; la inenarrable Karina Beteta; Cecilia Chacón, condenada por lavado de activos, y Víctor Albrecht, expresidente de la 'Comisión lava jato', que fue obligado a renunciar a su cargo a pocos meses de ser elegido, debido a evidencias que lo involucraban en los delitos que la Comisión debía investigar; en su caso, los manejos corruptos de Odebrecht en el Callao. Todos como furgón de cola de su 'reina' Keiko Fujimori.

 

Impresentables furgones de cola de la intocable 'presidenta' de FP.

La intervención judicial desató una recatafila de adjetivos y denostaciones de los fujimorista, cada cual con su particular –desafiante, amenazador, altanero, prepotente- estilo, para denunciar amedrentamiento, atropello, revanchismo, abuso, vendetta, atentado contra la estabilidad democrática, los derechos humanos y el Estado de Derecho, más un largo etcétera, incluyendo el calificativo de 'organización criminal' lanzado contra el Ministerio Público por imb…, perdón, Becerril. En las siguientes horas y días recorrerían las diferentes estaciones de televisión y salas de redacción, que les abrieron generosamente sus tribunas, para tratar de convencer a la opinión pública de la injusticia que se estaba cometiendo contra ellos, que se habían limitado a defender la intangibilidad de sus locales que ellos consideran como su 'propia casa'. A quien tendrán que convencer es a la justicia, no al pueblo que ve con estupor el comportamiento de estos 'padres de la Patria'.

Rosa Bartra: "No tengo nada que explicar."

Juego solitario

Pese a todos estos hechos, las comisiones de Ética Parlamentaria y Lava jato, como no podía ser de otro modo, 'blindaron' a sus colegas naranjas y los eximieron de ser investigados y de dar explicaciones, como si nada hubiera pasado. Ahora los fujimoristas tendrán que vérselas con el aislacionismo total en la Comisión de Ética Parlamentaria, y asumir la responsabilidad por su absurdo, pero comprensible, comportamiento. Por lo pronto ya renunció a formar parte de ese grupo el representante de Acción Popular, Yonhy Lescano, y lo propio haría Peruanos por el Kambio (PPK), que ha anunciado el retiro de su representante en la descalificada Comisión. A su vez, estudian hacer lo propio las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Frente Amplio (FA). Al final, solo quedarían como integrantes los cuatro fujimoristas y el representante de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA), su aliado de siempre.

 

Lescano y bancada PPK: justificada indignación.

No me digas nada…

Los hemos dicho una y varias veces: el presidente Kuczynski necesita a gritos un asesor político, para que no siga metiendo las cuatro cada vez que abre la boca. Son tantas las veces en que se ha contradicho que hasta nos hemos atrevido a pensar que estaría padeciendo de alguna anomalía senil. No de otra forma puede explicarse que le esté poniendo en bandeja su cabeza como presidente a la bancada fujimorista que, hace rato que busca vacarlo en el cargo, cumpliendo la doble función de Judith y Holofernes al mismo tiempo. ¡Quién lo entiende, por Dios! La cosa es que, como lo recordó Rosa María Palacios, él mismo ha reconocido que mintió al Congreso cuando afirmó, por escrito y hasta en un mensaje a la Nación, que no tuvo ningún vínculo laboral, personal ni profesional con Odebrecht, para luego terminar aceptando que le hizo trabajos de 'asesoría financiera'.

PPK: "No me digas nada… el silencio siempre es mejor".

Situación comprometedora

En la entrevista que concedió a RPP, dijo que "era probable" que su (ex)socio haya utilizado su nombre para un brochure promocional, pero que él no tenía nada que ver con esa empresa (First Capital) ni con Odebrecht. Sin embargo, en la misma entrevista, después de haber negado todo lo que había negado, valga la redundancia, el presidente añadió: "Sí, hice una consultoría para H2Olmos", una empresa relacionada con Odebrecht en este caso. Con esa contradicción, dice Palacios, PPK estaría "arriesgando su presidencia", pues el fujimorismo podría utilizar su confesión como pretexto. "La excusa es perfecta" para vacarlo, advierte la comentarista. El Presidente le ha mentido a una comisión investigadora y habría cometido un delito. Por ende, sería un incapaz moral y un mentiroso, y se le debía. ¿En qué quedará todo esto?

Conclusión final

Coincidimos con Rosa María Palacios en que el Presidente debería congregar a lo mejor de la prensa peruana (no a los pichiruches que fungen de 'cronistas parlamentarios' ni a los principiantes que envían los jefes de informaciones para cubrir temas de responsabilidad) y explicar al detalle el papel que cumplió o a qué se dedicaba, ya que no quiere (ni debe) hacerlo ante un grupo parlamentaria tan desprestigiado como es la llamada Comisión lava plato, perdón, lava jato'. Pero con un buen asesor a su lado, ojo.

Aquí lo dejamos. Por ahora.

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