Piqueo de fin de año

Pronóstico reservado

Qué tal fin de año han de pasar el Gobierno, el Congreso y todas las agrupaciones políticas con el fuerte remezón de los últimos quince días con la frustrada vacancia presidencial, que sigue moviéndoles el piso. Todo a consecuencia del fraccionamiento de las bancadas con disidencias por doquier; la insensatez de declarar el indulto humanitario y derecho de gracia a un condenado por graves delitos vía una apresurada y cuestionada decisión; la renuncia de ministros y altos funcionarios, amén de una serie de 'daños colaterales'. ¿Feliz Año Nuevo? Jo, jo, jo, jó, se reirá Papá Noel, pero NOEL presidente ni muchos líderes políticos, muchos menos el pueblo peruano que asiste desconcertado a este espectáculo armado por las ambiciones políticas de tirios y troyanos.  

 

Felices con el indulto. "¿Qué he hecho?"

Futuro incierto

El 2018 empezará con las interrogantes sobre cuál será el pronunciamiento de los más altos organismos de las Naciones Unidas, luego del comunicado emitido por el Alto Comisionado de ese organismo para los Derechos Humanos (ACNUDH), mediante el cual su titular, Amerigo Incalcaterra, lamentó la decisión del presidente Kuczynski (PPK) de conceder un indulto humanitario y derecho de gracias al expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, entre otros. "La concesión de indultos es una prerrogativa que exige un análisis riguroso en cada caso, considerando la gravedad de los hechos en el marco de un proceso transparente e inclusivo, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos", precisó el representante regional para América del Sur del ACNUDH. "En todo proceso social hacia la reconciliación, el reconocimiento de las víctimas y sus familiares es un elemento central. No poner la situación de las víctimas al centro de estas decisiones desvirtúa el camino avanzado por el Estado peruano en materia de verdad, justicia, memoria y reparación", subrayó.

¿Nunca es tarde?

Tras esas declaraciones, muchos defensores de los derechos y exrepresentantes del propio gobierno han reconocido que en sus diecisiete mes de gestión, PPK no ha movido un dedo por los deudos de los muertos y desaparecidos durante la administración gubernamental fujimorista. La tardía reacción del Gobierno ha sido anunciar hoy, miércoles 27 y por boca de la titular de la PCM, Mercedes Aráoz, la firma de un decreto supremo por el cual se destina 33 millones de soles para la reparación a las víctimas individuales y colectivas de la violencia terrorista. ¿Pretende lavarse la cara y hacer frente así a las justas protestas desatadas?

Lo que se viene

Otra interrogante es qué seguirá al pronunciamiento que en el mismo sentido que la ACNUDH hizo público la organización Human Rights Watch, cuyo director, José Miguel Vivanco, ha recordado lo que decía la Corte Interamericana de  Derechos Humanos (CIDH) en su resolución sobre la matanza ejecutada en Barrios Altos, en el sentido que "el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trata de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, como las ocurridas en el presente caso" (Barrios Altos). ¿Bastará con ese pronunciamiento o promoverá una acción que lo haga más efectivo?

  

Constitución olvidada

Sobre el derecho de gracia concedido a Fujimori, que lo exonera de posibles condenas en varios juicios pendientes por corrupción y violaciones de derechos humanos, Diego García Sayán, expresidente de la CIDH, declaró que pareciera que el jefe del Estado y el ministro de Justicia se habrían 'olvidado' lo que señala la Constitución Política del Perú. "No solo no se ha cumplido, lo que hace esa parte de la resolución inaplicable desde el punto de vista del Derecho. Además, se viola el principio constitucional de que un acto administrativo debe tener una fundamentación. Y en este caso, de los 15 o 20 párrafos, se refiere al derecho de gracia", dijo, para añadir que ningún juez podrá cumplir esa resolución "porque (de hacerlo) estaría violando la Constitución".

Plazos incumplidos

En efecto, el derecho de gracia concedido violenta lo que establece la Carta Magna, cuyo artículo 118, inciso 21, señala expresamente que el presidente de la República puede ejercer el derecho de gracia en beneficio de procesados cuando la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. Según diversos juristas, deben pasar al menos 24 meses, contabilizados desde que Chile amplió el pedido de extradición en el caso específico de la desaparición de seis campesinos en Pativilca. Este caso, recuerdan, comenzó a ser procesado en febrero, cuando un juez de la Corte Suprema de Chile autorizó la solicitud de la justicia peruana de incluir este caso en la extradición, lo que cuatro meses después, en junio, fue ratificado por la II Sala de esa misma Corte. Y fue en julio, o sea, hace solo cinco meses, que el fiscal Luis Landa presentó su denuncia ante el Colegiado B de la Sala Penal Nacional.

Opiniones autorizadas

De ahí que el magistrado supremo César San Martín, quien presidió la Sala Penal Especial que condenó a Fujimori a 25 años de prisión, señaló que el indulto otorgado por el presidentPedro Pablo Kuczynski al exdictador puede ser revocado, en el extremo del derecho de gracia, aunque no el indulto. Eso significaría que el exdictador no podría ser eximido del juicio por la desaparición de seis campesinos en Pativilca y tendría que volver a sentarse en el banquillo de los acusados por ese caso. Antes de ello, según San Martín, el gobierno de PPK tendrá que defender su posición en una sede internacional. ¿Logrará convencer al tribunal de la CIDH? Se sumó así a lo dicho por el exfiscal Avelino Guillén, para quien el indulto al exdictador "burla el Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales" y, por ello, se puede presentar una acción de amparo ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional para que lo revisen por "graves vicios procesales". Menudo trabajo para los asesores judiciales (los que le quedan) del Gobierno para responder a la andanada de denuncias que deberán enfrentar.

Avalancha

Ahí no queda todo. La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), que representa a las víctimas, ha anunciado que solicitará que los jueces realicen una audiencia de control constitucional de la resolución de Kuczynski en el extremo del derecho de gracia. La directora de esta entidad, Gloria Cano, informó que también solicitarán que se realice un control de convencionalidad, es decir, con la Convención Americana de DDHH y la jurisprudencia de la CIDH. Seguimos con las preguntas: ¿Quién o quiénes más más se sumarán a estas demandas?
Caso Pativilca

Para quienes lo recuerdan, esta denuncia se remonta a la madrugada del 29 de enero de 1992, cuando miembros del Destacamento Militar Colina ('Grupo Colina') sacaron de sus viviendas a seis pobladores de los anexos Pampa San José y Carequeño, ubicados en la provincia limeña de Pativilca. En la tarde del día siguiente, en un cañaveral cercano aparecieron los cadáveres del estudiante John Calderón Ríos, de 18 años; de los agricultores Toribio Ortiz Aponte (22), Felandro Castillo Manrique (38) y César Rodríguez Esquivel (29 años); del chofer Pedro Agüero (35) y del profesor Ernesto Arias Velásquez (17). Tenían evidentes huellas de tortura y orificios de bala en sus cabezas.

Denuncia en espera

El 15 de noviembre de 2011 se formalizó la denuncia contra Alberto Fujimori como autor mediato de esos crímenes, y el 5 de junio de 2012 se dictó auto de procesamiento, iniciándose la etapa de instrucción ante el Tercer Juzgado Supraprovincial. El 19 de octubre de 2015, el entonces presidente Ollanta Humala firmó la resolución suprema para iniciar el proceso por vía diplomática ante Chile a fin de que ampliara las causales de extradición de Fujimori y así poder denunciarlo y enjuiciarlo por este caso. Fue así que se logró la autorización de Chile para lograr el enjuiciamiento de Fujimori como lo hemos señalados líneas arriba.

Renunciantes

  

Basombrío, Del Solar y San Román: cabezas visibles.

En esta interminable crisis el Gobierno ha perdido, hasta ahora, a 22 funcionarios, entre ellos dos ministros (del Interior, Ignacio Basombrío, y de Cultura, Salvador del Solar); del asesor presidencial Máximo San Román; tres congresistas (Alberto de Belaunde, Gino Costa y Vicente Zeballos); del viceministro del Interior, Ricardo Valdez; funcionarios del Ministerio de Justicia, empezando por el director general de Derechos Humanos, Róger Rodríguez Santander; el secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre Paz, Reparación y Reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez; el director de Registro e Investigación Forense, Víctor Quintero Marquina; y la responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas de esta comisión, Katherine Valenzuela, entre otros.

  

Dejando huella: Ricardo Valdés, Roger Rodríguez y Daniel Sánchez.

A ellos se sumaron la historiadora Natalia Soldevilla a la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario; el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Juan Carlos Cortés; y una decena de funcionarios del canal de TV Perú (Canal 7), iniciada por el periodista Hugo Coya a la presidencia del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Siguiendo sus pasos hicieron lo propio el escritor José Carlos Yrigoyen y Alonso Rabí Do Carmo, responsables del programa 'Entre libros'; la conductora y periodista Josefina Townsend, y el internacionalista Farid Kahhat, del programa 'TVPerú Mundo', y otros más. Un verdadero desmembramiento de la televisora del Estado.

  

Consecuentes Hugo Coya, JC Irigoyen y Josefina Townsend.

Problemas keikistas

Si por un lado está pagando sus errores el presidente Kuczynski, en la acera del frente viene ocurriendo lo mismo. No debe estar durmiendo tranquila la reina sin corona, la hasta ahora bien mantenida Keiko Fujimori. Aunque es reacia a la autocrítica, está por verse si esta vez reconoce sus errores y modifica su política interna o la mantiene. De ello dependerá su liderazgo en el partido. Fue ella la que hizo que su 'mototaxi' parlamentaria se lanzara como toro ciego contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, cortarle la cabeza al Ministerio Público para que no continuara las investigaciones por lavado de activos contra ella. Insistió en su intención, pese a que no contaba con los votos necesarios para ello. El propósito era amedrentar a Sánchez y a los fiscales que ven casos en los que personajes de Fuerza Popular podrían estar implicados. El resultado fue un bumerán: ahora hay mayor convicción en el MP para investigar a FP.

MP y Pablo Sánchez, fortalecidos y con nuevos bríos.

Segundo error

Keiko, a través de sus huestes congresales, tiene pendiente otra denuncia controversial contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. El proceso se salió de los cauces cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales propuso destituir a uno de los jueces, cuyo ejercicio jurisdiccional se halla protegido contra medidas de esa naturaleza. Por este motivo el Congreso ya tiene encima a la CIDH, ante la cual todos los grupos políticos terminan llevando sus problemas. Por lo pronta ese organismo supranacional ha dispuesto dejar en suspenso la decisión de ese grupo parlamentario, ante lo cual un arrogante presidente del Congreso, portaestandarte de la reina Kiko, ha adelantado que hará "respetar los fueros parlamentarios". Ahora él será quien tendrá que aprender a saber 'con quién se mete'.  

Tercer problema

Sabido es que lo que dice Keiko es ley para sus seguidores, y su opinión es inflexible. Luego de ella ejercen el poder sus asesores ejecutivos Pier Figari y Ana Herz de Vega. Pues bien, ahora su fiel hermano Kenji (fiel a su padre, aclaramos) les ha puesto la puntería y los ha denunciado vía Twitter de haber consprado "por años, sistemáticamente, contra la libertad de Alberto Fujimori".  Más aún, señala que ambos "continúan atentando contra la gobernabilidad del país". Más adelante dice claramente: "Ellos son el problema. Reconciliación = Reestructuración". El tsunami que se le viene encima a Keiko parece que no lo para nadie.

Kenji: "Yo mismo soy."

Menú de sapos

En esas condiciones, cabe preguntarse si los arrogantes y arrebatados voceros principales de la bancada 'keikistas' insisten en abrir proceso disciplinario otra vez contra Kenji y contra sus nueve seguidores que se abstuvieron de votar por la vacancia de PPK. Lo más probable es que sean ellos los que tengan que esconder la cola, cuando el 'api' Fujimori decida poner orden en casa. El imb, perdón, Becerril, que acusó al exdictador de haberse "convertido en un aliado de la corrupción", tendrá que tragarse sus palabras, y algo más, por lengua larga y callejonero. Y lo mismo tendrá que hacer la sentenciada Cecilia Chacón, quien se atrevió a quitarle toda autoridad sobre FP al 'api' indultado.

¡Mamita, el cuco!

De nada les servirá a los susodichos, a los Salaverrys, Galarretas, Bartras, Alcortas, Salgados, y otros más de la fauna keikista, de haberse subido al coche y aplaudir ahora la liberación de Alberto Fujimori, con miras a salvar sus pellejos. El primero de todos los nombrados ahora rehúye a la prensa que antes buscaba para soltar sus barbaridades y 'exabrutos', en tanto que los demás han desaparecido del mapa, aprovechando que están en 'semana de representación'. Todos deben estar sentados en el 'trono' (no el de Keiko) afectados por la diarrea, ocasionada por el futuro incierto que les espera en las filas de su agrupación.

¿Quién podrá salvarme?

En síntesis, el escenario para la que se sigue considerando presidenta del Perú con su padre en libertad es bastante complicado, por decir lo menos. El indulto ha convertido en héroes a los diez rebeldes y en villanos a sus seguidores. Si ella y estos últimos insisten en sancionar a quienes votaron contra la decisión de vacar al presidente, la fractura del partido sería un hecho, porque los réprobos podrían tener el apoyo de hasta la mitad de la bancada. Si se los perdona, en aras de la 'reconciliación' u otra figura que se les ocurra, quedaría evidenciada la pérdida de poder de la dirección actual. Ni el Chapulín Colorado podrá ayudarla a resolver el dilema, mismo Hamlet.

Cambios ad portas

Mientras tanto, PPK tendrá que hacer frente a "la más difícil decisión que ha tenido que tomar en su vida" y seguir gobernando (¿?) a un país polarizado y enardecido, con una bancada reducida, con ministros descontentos que se retirarán definitivamente del gabinete y buscando quienes quieran acompañarlo en el poder ante una situación tan difícil como la que deberá enfrentar en los siguientes meses. El eficiente ministro del Interior, Ignacio Basombrío, fue el primero en tirar la toalla y otros esperan seguir sus pasos con la anunciada 'recomposición' del gabinete para tirar su fajín al baúl de los recuerdos. (Pregunta suelta: ¿Qué pasó con el ministro de Defensa, Jorge Nieto, que no acudió a la juramentación del nuevo ministro del Interior, Vicente Romero?)

Aquí lo dejamos. Por ahora.