Sorpresas
La semana pasada un grupo de fiscales peruanos viajó a Curitiba, Brasil, para interrogar a Marcelo Odebrecht respecto al financiamiento de partidos políticos en el Perú. Su intención era indagar sobre los fondos de campaña entregados solo a los Humala. Pero se dieron con la sorpresita que el corruptor empresario brasileño había hecho lo propio con Keiko Fujimori y Alan García, incluyendo a la breve candidatura por el partido aprista el 2011 de la actual vicepresidenta Mercedes Araoz.
Impunidades
Se hace aspavientos por esas 'contribuciones' a las campañas electorales de los partidos, pero los señores fiscales se han 'olvidado' que, al menos en el Perú, no es delito recibir fondos de campaña de fuente prohibida. No existe en todo el Código Penal un solo artículo que mencione esa conducta. No existe, ni existirá, no porque sea moralmente correcta, sino porque hay un pacto de impunidad (no escrito lógicamente) en el Congreso –donde justamente los que tienen que reformar la ley son los que se benefician de esta falta de tipificación– que no va a cambiar jamás. Ojo: no lo decimos nosotros. Lo han recordado destacados penalistas y constitucionalistas en varias oportunidades.
Olvidadizos
A propósito del viajecito a Curitiba, muchos se sorprendieron que a Odebrecht no se le preguntara sobre temas preocupantes. Por ejemplo, ningún fiscal le preguntó sobre el significado de las iniciales AG (o ag, símbolo de la plata, que tanto le gusta a un expresidente investigado y sin restricciones que alguna vez dijo: "La ag llega sola"), pese que al lado de las dos letras aparecen las palabras 'Olmos' y 'un millón'. Repetimos lo que dijo un columnista: "La pregunta se cae de madura: ¿Por qué viajar a preguntar por hechos que un estudiante de Derecho sabe que no están en el Código Penal y no preguntar por los que sí podrían estarlo?"
Inimputabilidades
Recordemos que cuando en la agenda de Nadine aparecieron las iniciales OH, todos trataron de llegar a indagar, hasta confirmarse, que correspondían a Ollanta Humala. Y, oh maravilla, todos se disputaron el título de descubridores de la pólvora, y empezó el cargamontón. Y serán capaces de hacer lo propio con los jueces que se abstengan de condenarlo porque, repetimos, recibir contribuciones, así sean ilícitas, no está penado por ley. Salvo, claro está, que algún juez pusilánime se deje influenciar por los medios y saque una condena debajo de la manga, para no enemistarse con estos. Como ha ocurrido en anteriores oportunidades.
Santulón
En anteriores columnas hemos recordado el enorme poder o influencia que tiene el santo e inmaculado líder del partido de la estrella en los medios judiciales y en los principales medios de comunicación. No hay duda que su corona es tan grande que pese a estar investigado junto con otros expresidentes él no tiene ninguna restricción. A uno se le ha dictado orden de extradición, sin sentencia de por medio, y a otro se le ha prohibido viajar sin previo permiso judicial. Y al que te jedi, ¿qué? Vive cómodamente en Madrid paseando como Pedro por su casa. Pero sí nos escandalizamos que Alejandro Toledo haga lo propio en Estados Unidos. Lo repetimos: nuestra justicia es ciega, sorda y muda… pero solo para con algunos personajes.
Renunciaciones
"Si se demuestra que hubo alguna irregularidad, ¡yo renuncio!", exclamó el 15 de diciembre de 2016 la presidenta del Congreso, Luz Salgado, cuando se denunció la irregular propuesta de adquisición de 980 computadoras, sobrevaloradas en cinco millones de soles. Pues bien, la propia Oficina de Auditoría Interna de ese Poder del Estado verificó que el proceso era irregular. Sin embargo, el informe fue mantenido en reserva por la propia Salgado. La OCI señala que se vulneraron normas a fin de favorecer a la empresa proveedora, el Grupo Coresol, constituida en un asentamiento humano de Trujillo, La Libertad. La denuncia inicial de este caso fue subestimada en su oportunidad por el hoy investigado contralor Edgar Alarcón con el argumento de que "solo se trataba de cinco milloncitos". Ahora que se conoce el informe esperamos conocer la reacción de la propia Salgado y de sus compañeros de bancada que fungen de severos críticos contra los miembros del Gobierno. ¿O mostrarán nuevamente su actuar como otorongos vegetarianos?
Figuretti
En verdad no deberíamos darle importancia, pero el afán de figuretismo del congresista Yonhy Lescano ya colmó la paciencia de quienes tenemos que soportarlo. El renegado puneño ahora represente por Lima, se muestra preocupado por los pobladores del Cusco y propone interpelar al recién nombrado titular del MTC, Bruno Giuffra, por hacer acordado dejar en suspenso por tres meses el cuestionado contrato sobre el aeropuerto de Chinchero. Sin pedir ninguna explicación previa y sin proponer ninguna alternativa exige a toda costa anular el contrato. Claro, para él sería muy fácil que se tomara esa decisión, sin responsabilidad alguna de su parte.
Milloncitos
¿Sabrá este señor lo que le costaría el Estado anular el contrato de motu proprio? ¿Habrá escuchado a los especialistas que advierten que en ese supuesto caso Kuntur Wasi podría acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde tendríamos todas las de perder y pagar más de 400 millones de dólares por diversos conceptos, o sea, diez veces más que los US$ 40.6 que, según la Contraloría, perdería el Estado si se ejecutase la obra. El monto a pagar sería US$ 32 millones ya invertidos por la empresa; 8.6 millones por la garantía de fiel cumplimiento y alrededor de 246.8 millones por concepto de lucro cesante, cifra que podría ser mayor si así lo exigiese Kuntur Waasi. Sumen las cantidades y el resultado es lo que pagaría el Estado y los trabajos del ansiado aeropuerto quedasen en cero. ¿Eso es lo que quiere Lescano? ¿Que el Estado indemnice a una empresa sin recibir nada a cambio? ¿Acaso ese dinero va a salir de su bolsillo? ¿O está pensando cobrar su 'coimisión' si se aceptase su pedido?
Multiinterpelaciones
A lo anterior se suma la 'interpelacionitis' que afecta a los congresistas de la oposición, con los fujimoristas en la primera línea de fuego. Ya anuncian la interpelación a los ministros del Interior y de Salud, y se proponen interpelar al presidente del Consejo de Ministros, con la oculta intención de censurarlos, en el último caso trayéndose abajo a todo el gabinete ministerial y poner en aprietos al gobierno de PPK. Es cierto que la interpelación –que rige en muy pocos países con el Perú a la cabeza- es un mecanismo de control político amparado por nuestra Constitución, pero es, a la vez, una 'invitación' de grado o fuerza a dar explicaciones sobre un determinado tema. Ese mecanismo funciona (debería funcionar) cuando un ministro se niega a dar las explicaciones del caso en la comisión ordinaria que lo requiera, cosa que en estos casos no ocurre.
Avalancha
En medio de esta maremágnum de interpelaciones, no sería de extrañar que se busque interpelar también al ministro de Defensa por la muerte de cuatro soldados en la playa de Marbella; a la de Educación, por lo de la 'ideología de género'; al de Economía y Finanzas por supuestamente haber 'chantajeado' al contralor Alarcón para que emitiese un dictamen a favor de la adenda del 'caso Chinchero'; y a cualquier otro ministro por cualquier otra coj… perdón, candidez.
Cargamontón
A decir, de algunos expertos en inversión pública, comentaristas y analistas bien informados, ciertos sectores políticos estarían buscando aislar a PPK –no olvidemos que se exigió la renuncia del primer vicepresidente, se cuestiona a la segunda vicepresidenta y se busca traerse abajo al gabinete Zavala- para luego declarar la vacancia presidencial, y adelantar nuevas elecciones con la pretendida esperanza de que de Keiko Fujimori sea elegida presidenta, cargo que ella considera suyo porque hasta ahora no se resigna a haber perdido las elecciones del 2016. Esta campaña contaría con el apoyo del alcalde de Lima, Luis Castañeda, quien no pierde las esperanzas de tener un gobierno y un Parlamento que le permita seguir gastando la plata de todos los peruanos en obras mal hechas, sin tener que rendir cuentas. Detrás de todos ellos estarían también grupos empresariales integrantes de la CONFIEP, que actúan tras bambalinas.
Aguardientosos
Hay empresarios que, literalmente, 'no tienen bandera'. Con tal de hacer negocios y lucrar, poco les interesa el daño que ocasionan a la industria nacional. Lo decimos por los propietarios de diez destilerías 'peruanas' (?) que exportan a Chile nuestro producto de bandera pero con la denominación de 'aguardiente', tal como aparece en los anaqueles de los supermercados chilenos, según lo confirmó el presidente del Comité de Pisco de Adex, William Urbina.
Antiperuanos
Esos productores, que se dicen peruanos, le cambian la denominación original de nuestro pisco acatando así la exigencia del vecino país, para no competir con el llamado 'pisco' que ese país produce. A esos señores nada les importa la disposición de la Comisión Nacional del Pisco (CONAPISCO), que lidera el Ministerio de la Producción. Su negocio está primero. Esta es la relación de esas destilerías, a la que bien haríamos los consumidores peruanos en boicotearlos y no consumir sus productos en el mercado nacional:
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