PIQUEO SEMANAL

Rectificaciones

En el Perú, las congresistas fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo decidieron dar un paso atrás y modificar su proyecto de ley en el que proponen prohibir la conducción de medios informativos a personas condenadas por delitos contra el Estado. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió revertir su decisión de asumir las funciones de la Asamblea Nacional, y suprimió el contenido de otro fallo en el que retiraba la inmunidad a los parlamentarios. Ahora esperamos que el Congreso de Paraguay corrija y rechace la decisión de 25 senadores (de un total de 45) de la Cámara Alta, que el jueves 30 de marzo aprobaron un proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial ese mediterráneo país. Estas tres noticias de la semana nos motivan algunas reflexiones. Por ahora, nos dedicaremos al primer tema.

Grito en el cielo

La modificación del proyecto fujimorista, ad portas de conmemorarse el 25 aniversario del autogolpe propiciado por el hoy encarcelado presidente Alberto Fujimori, desató las iras santas de los dueños de los principales medios de comunicación del país, encabezados por el decano de le prensa nacional, y de sus socios de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Sí, esa organización que agrupa a los propietarios de los grandes medios de comunicación impresos, que se representan a sí mismos, y a quienes no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa. De esa organización no forman parte redactores, reporteros gráficos ni ningún representante de los verdaderos periodistas, aquellos que hacemos del periodismo la más noble de las profesiones. 

Contradictorios

La propuesta legislativa, ahora modificada, propone prohibir que las personas condenadas por delito de corrupción en agravio del Estado puedan ser directores periodísticos, editores, productores, miembros del directorio, accionistas, gerentes generales o apoderados de un medio. ¿Se va a caer el mundo por ello? En nuestra opinión, esa limitación debiera extenderse a todos los cargos públicos de importancia dentro del aparato del Estado. Para el caso, recordemos que son esos mismos medios lo que ponen el grito en el cielo y hasta han hecho renunciar a más de un funcionario nombrado por el Gobierno, por el simple hecho de estar cuestionados o investigados por la presunta comisión de algún delito, no solo en perjuicio del Estado, sino también por alguna irregularidad detectada en su vida privada. Pero cuando se trata de ellos mismos, ahí salta la liebre. Con ellos no debe ser la cosa. ¡Qué tal desparpajo! 

Rabo de paja

José Graña Miró Quesada

Los primeros en protestar con la propuesta legislativa inicial fueron los propietarios del diario decano, aquellos que poseen el 75 % de los medios impresos del país, en una inaceptable concentración de medios. Es que uno de los integrantes de esa poderosa familia (José Graña Miró Quesada) era presidente del directorio de la empresa Graña&Montero, socia de la brasileña Odebrecht, investigada por el escandaloso 'Caso lava jato'. Es lo que se llama tener rabo de paja, pues. #ConMiFamiliaNoTeMetas.

Son los mismos

Los más exaltados con el proyecto, y no nos llama la atención, son aquellos que se dan el lujo de contratar y darles todas las facilidades a cuestionados periodistas, como aquel que insultó frente a las cámaras a un recto Presidente de la República como lo fue nuestro recordado Valentín Paniagua; a aquel otro que recibía órdenes directas del asesor presidencial del fujimorismo Vladimiro Montesinos; o a aquel 'humorista' que se mofaba de los opositores a ese régimen, sabe Dios a cambio de qué.

Son los mismos que contratan a seudoperiodistas que se caracterizan por sus opiniones cavernarias, misóginas, homofóbicas y discriminatorias, entre otras 'virtudes', o a aquellos que hacen cera y pabilo de la vida privada de cualquier persona, y a muchos otros 'periodistas' que ejercen la profesión sin haberse formado para ello.

Son los mismos que ejercen la dirección de los medios sin ser periodistas. Simplemente, son grupos adinerados que confunden 'libertad de prensa' con 'libertad de empresa', para hacer negocio y seguir enriqueciéndose con esas empresas.

Son los mismos que aplaudieron al gobierno fujimorista cuando este dictó leyes que los favorecía ampliamente, caso de la 'Ley Torres y Torres Lara' y la ley que disponía el pago de un 1 % de sus ingresos publicitarios a favor del Colegio de Periodistas del Perú. Moraleja: Si me favoreces te respaldo, si atentas contra mis intereses te denigro.

Veeduría cuestionada

Seminario sobre los medios de comunicación.

Lo que resultaba cuestionable y discutible era la propuesta de creación de una 'veeduría ciudadana', que no funciona ni ha funcionado en ningún lugar del mundo. Los críticos de la propuesta alertaron que esta atentaba contra la sacrosanta 'libertad de expresión'. Pero, en realidad ¿tenemos los periodistas libertad de expresión?

Este tema fue ampliamente analizado en el seminario internacional 'Medios de comunicación, autorregulación y derecho a la información', que organizó el entonces presidente del Congreso, el periodista Luis Iberico, en febrero del año pasado.

En ese evento, se advirtió que los periodistas teníamos limitada nuestra libertad de expresión, porque el dueño del medio se impone, y a este se impone la empresa publicista. "Esa limitación responde a toda una cadena indeseable que conspira contra el derecho a la información", recordó entonces la colega María del Pilar Tello. 

Se analizó, igualmente, la propuesta de 'autorregulación' de los medios y el cumplimiento de un código de ética con que debiera contar cada medio, conforme a la Ley de Medios, vigentes desde el 2004.

¿Libertad de expresión?

Pese a ello, la llamada autorregulación no funcionó, por ejemplo, en el caso de la joven Rosario Ponce a quien durante dos años los medios persiguieron, la trataron de asesina y propiciaron que el público la consideraran como tal, por la desaparición de su novio Ciro Castillo. Una investigadora contabilizó 32 portadas impresas, 181 notas en el 'diario chicha' más leído e influyente en el lector popular, el diario El Trome, propiedad de la cadena de diarios encabezada por El Comercio de los señores Miró Quesada. Cuando fue declarada inocente, ¿alguien se disculpó por el dolor y el deshonor ocasionados? ¿Dónde estaban los códigos de ética, dónde la autorregulación? ¿Esa es la libertad de expresión que defienden los amos y señores de los medios?

Punto final

Para terminar con este tema, citamos las palabras finales de María del Pilar, en su exposición: "Hay que decir que si los medios no cumplen con los objetivos de la autorregulación, que no se quejen si la regulación viene de fuera. No la queremos, queremos que funcione la autorregulación, que funcione la conciencia de los propietarios de medios y también de las organizaciones, porque la autorregulación debe ser una realidad en nuestro país. Pero la alternativa no puede ser el libertinaje que corrompe las mentes y la mora, sobre todo en la infancia y juventud." Nada que agregar.