El pasado 6 de marzo la procuradora ad hoc para el ‘Caso Java Jato’, Katherine Ampuero, denunció ante el Ministerio Pública al expresidente Alan García Pérez, y a otros dos altos exfuncionarios de su gobierno, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en la firma del contrato para la construcción de la línea 1 del Metro de Lima, encargada a la firma Odebrecht.
Sobre el sonado caso, en su última edición, la revista Caretas recuerda que la firma brasileña financió a una docena de ex y actuales presidentes latinoamericanos y altos funcionarios de sus respectivas administraciones; organizaciones terroristas y muchos más, y sin embargo solo una mano permanece limpia en todo el continente: la de Alan Gabriel Ludwig García Pérez.
Pareciera, a primera vista, que la enésima denuncia presentada por la procuradora contra el hasta ahora intocable don Alan podría correr mejor suerte que todas las investigaciones emprendidas contra él, respecto a sus dos gobiernos, de todas las cuales ha logrado salir airoso.
¿Cómo lo hizo? Para nadie es un secreto que durante las investigaciones ‘desaparecían’ pruebas, se cambiaban fiscales, se archivaban procesos y denuncias ‘por falta de pruebas’ o prescribían los delitos, aparte del sinfín de argucias legales dilatorias u obstruccionistas de sus abogados defensores, con la complicidad de magistrados muy comprensibles y, coincidente o supuestamente, allegados al inmaculado político.
¿Fue por arte de magia? Al menos así lo da a entender la caricatura de Andrés publicada el 7 de marzo en el diario El Comercio:
Apenas conocida la nueva denuncia presentada contra su santo jefe, que se pasea por Madrid libre toda sospecha, el congresista Mauricio Mulder se apresuró a declarar que la denuncia carecía de sustento porque no contaba con “documentos probatorios”.
Coincidentemente cuando el Poder Judicial investigaba el caso ‘narcoindultos’, y pese a la existencia de conmutaciones en las que el santo varón cambiaba la fecha de las condenas “con su puño y letra”, el entonces Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, lo apartó de la denuncia argumentando que no había “rigor probatorio”.
(El mismo Peláez desestimó el pedido de la procuraduría para que se investigara a AGP por supuesto enriquecimiento ilícito.)
En un informe difundido recientemente, elaborado anteriormente por la periodista Dánae Rivadeneyra, la directora ejecutiva de APRODEH y vicepresidenta de la Federación Internacional de DDHH, Gloria Cano; y los ex procuradores anticorrupción Julio Arbizú y Christian Salas recuerdan casos en que la Fiscalía ha actuado a favor de ‘san’ Alan.
Recuerdan, por ejemplo, que el 27 de marzo de 2014, el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró nulos los nueve informes elaborados por la ‘Megacomisión’ parlamentaria, que presidió el excongresista Sergio Tejada, y que recomendaba inhabilitar y acusar constitucionalmente a Alan García. El argumento fue que en los informes “no se precisa de manera puntual la conducta ilícita ni el presunto delito o infracción constitucional que se le imputa”.
La sentencia fue confirmada por el Poder Judicial en noviembre del 2015, con lo que se envió al tacho todo lo investigado durante casi más de dos años (septiembre de 2011- enero de 2014) por la comisión parlamentaria.
Otros casos
El caso de los ‘petroaudios’ y BTR (Business Trac) que se desató en octubre de 2008 estuvo rodeado de muchas incidencias jamás explicadas.
Durante el proceso fueron cinco los fiscales, cambiados sucesivamente, luego de que cada uno de ellos terminara de estudiar los expedientes: el primero fue Óscar Zevallos, luego Juana Meza, Flor de María Vega, Delia Espinoza y Milagros Mora.
Otra ‘rareza’: los marinos Ismael Matta Uribe y Luis Amengual Rebaza, que se acogieron voluntariamente a la colaboración eficaz, fueron excluidos del proceso y luego contratados en los consulados de Patterson (Nueva Jersey) y Nueva York, respectivamente. El primero había entregado a la fiscalía un USB con información incriminatoria que no fue incluida como prueba en el proceso.
Otra coincidencia: el día del allanamiento a las oficinas de BTR, la entonces fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, se reunió con AGP. Después, empezaron a ocurrir cosas.
Por ejemplo, en enero de 2009 se allanó la casa de Giselle Gianotti, analista de BTR y se incautó cuatro USB, pero durante su traslado a la Dirandro fueron cambiados. El ‘cambiazo’ se detectó en marzo de 2010, es decir, catorce meses después.
La madrugada del lunes 4 de marzo del mismo año, un ‘intruso’ ingresó al despacho de la jueza María Martínez Gutiérrez, en el cuarto piso del Palacio de Justicia, y borró 592 archivos –audios y correos electrónicos- incautados también a Gianotti.
Casos prescritos
En 1992 se inició un proceso contra el líder aprista acusado de enriquecimiento ilícito por su supuesta participación en el escándalo del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), y en la compra-venta de aviones Mirage.
Otro proceso fue abierto en 1994 también por enriquecimiento ilícito, colusión ilegal, negociación incompatible y cohecho pasivo, además de sobornos por los derechos de construcción del tren eléctrico al consorcio italiano Tralima.
Ningún caso no prosperó, pues nuestro dos veces presidente huyó del país y se refugió en Francia y Colombia, hasta que los delitos prescribieran. Después, retornó en olor de santidad.
Otro caso sonado fue la matanza de 39 campesinos del distrito de Cayara en mayo de 1988, cometida por un grupo de militares. El fiscal Carlos Escobar Pinedo, encargado del caso, pidió al Presidente ayuda para proteger a los testigos y les dio sus nombres. Al poco tiempo, todos los testigos aparecieron muertos.
En el 2005 la fiscal Cristina de Olazábal incluyó a AGP en la investigación del caso Cayara, como responsable político, junto a tres jefes militares. La fiscal fue removida y reemplazada por su colega Miluska Cano, quien lo excluyó de la investigación.
Otro tanto ocurrió con la ‘matanza de los penales’ ocurrida entre el 18 y 19 de junio de 1986 en los penales de San Juan de Lurigancho y El Frontón, en los que se habían amotinado los presos senderistas. En el primero fueron muertos 124 reclusos; y en El Frontón sobrevivieron 30 de una población penal de alrededor de 200 detenidos.
En 2005 el fiscal superior Édgar Chirinos ordenó al fiscal provincial Mario Gonzales reabrir la investigación contra el expresidente y todo su gabinete de 1986. Sin embargo, el 26 de enero de 2006, el fiscal Gonzales resolvió archivar definitivamente el caso, lo que fue ratificado por el Tribunal Constitucional en septiembre de 2013.
Recordemos que tras su visita de inspección al penal de Lurigancho, el entonces presidente García, declaró: “O se van ellos (los autores del crimen) o me voy yo”.
Todos se quedaron. Hasta el vicealmirante Luis Giampietri, que dirigió la matanza de El Frontón, y fue elegido primer vicepresidente en el segundo gobierno alanista.
Todos se quedaron. Hasta el vicealmirante Luis Giampietri, que dirigió la matanza de El Frontón, y fue elegido primer vicepresidente en el segundo gobierno alanista.
Finalmente, soltamos la pregunta: ¿Esta vez ocurrirá lo mismo, o la denuncia de la procuradora Katherine Ampuero será acogida por el fiscal de la Nación?
Corren las apuestas.
Corren las apuestas.
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