Política peruana

Contralores sin control

(Cinco temas para reflexionar)

 Lo que viene aconteciendo con las supuestas irregularidades cometidas por el contralor general de la República, Édgar Alarcón, demuestra vez más el irregular comportamiento de este funcionario y de su antecesor, Fuad Khoury, que viene pasando piola; el desconocimiento de la hermenéutica parlamentaria por parte de los periodistas y de algunos parlamentarios; el uso del socorrido argumento de la 'intromisión del Gobierno' (que en otras oportunidades se denomina 'venganza política') y otras lindezas por el estilo que muchos ignoran o callan premeditadamente.

 Tema 1. El informe. En primer lugar, recordemos, como lo han señalado economistas y abogados penalistas y constitucionalistas, que el informe presentado por el contralor Alarcón, en el que cuestiona la adenda incluida en el contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero, que motivó la renuncia del exministro Martín Vizcarra, contiene tal suerte de inexactitudes e incongruencias que diversos sectores se preguntan si ese organismo pretende conducir las riendas del Estado.

En ese informe el contralor señala que la citada adenda no respeta las normas y beneficia al consorcio Kuntur Wasi, por lo que recomienda iniciar acciones legales contra diez funcionarios en los que presuntamente encuentra responsabilidades penales.

Según los especialistas, la Ley 29622 protege a los funcionarios que deben tomar decisiones discrecionales al señalar que no pueden ser objeto de sanciones ni determinaciones de responsabilidad, a menos que existan indicios razonables de que actuaron con dolo o negligencia; es decir, que hayan actuado con la intención deliberada de cometer un delito u omitir el cumplimiento de la ley.

En el informe no existe ningún indicio que permita denunciarlos penalmente, menos aún prueba alguna de que haya habido un pacto indebido entre los funcionarios cuestionados y el concesionario. En consecuencia, las conclusiones del contralor son inconsistentes y lindan con lo arbitrario.

Que la adenda no sea perfecta desde el punto de vista administrativa, no implica la intención de favorecer, en este caso, a Kuntur Wasi.

Resulta incongruente también que el contralor se haya 'olvidado' que en noviembre de 2014 él mismo recomendó renegociar la tasa de interés aplicable a los pagos que iba a realizar el Estado. Aparte de sugerir volver al cuestionado contrato original suscrito durante el gobierno anterior, que dio origen a la elaboración de la ahora también cuestionada adenda. ¿En qué quedamos, señor?

De ahí que los especialistas coincidan en opinar que el contralor se ha excedido en sus competencias al pretender fiscalizar decisiones técnicas y señalar responsabilidades penales.

Si no hay dolo, ¿cómo se puede pedir una sanción penal?

De ahí a lo que digan ciertos congresistas que actúan con intenciones puramente políticas, para llegar a acusar hasta de 'vendepatria' al ministro renunciante, hay varios kilómetros de distancia. (Sobre este tema les sugerimos leer nuestro último 'Piqueo semanal'.)

 Tema 2. Las denuncias. En segundo lugar, el contralor tendrá que buscarse un buen equipo de abogados para explicar y justificar las denuncias presentadas en su contra por el auditor Wálter Grados Aliaga por la compra-venta de más de 90 vehículos, entre autos y camionetas de reconocidas marcas "adquiridos en remate en Estados Unidos", según dijo, por valor de 182,550 dólares, cuando ocupaba el cargo de vicecontralor, lo que está prohibido por ley.

Una irregularidad adicional es haber comprado uno de esos vehículos a uno de los proveedores de la propia CGR, con una 'rebajita' de 25 mil dólares, respecto a su valor original.

Con tal finalidad, y a fin de esconder el delito que estaba cometiendo, no dudó en utilizar a sus propios hijos como testaferros. Lo de no declarar esos ingresos por que no le reportaban mayores ingresos y estos solo le alcanzaban para cubrir algunos gastos diarios, que se lo cuente a quien quiera creerle.

También tendrá que explicar las veladas amenazas, lanzadas con palabras dulces y amicales, al auditor Grados Aliaga para que retirara la denuncia. ¿Él mismo no dijo alguna vez que "quien no la debe no la teme"?

Tema 3. Las liquidaciones.  La otra denuncia contra el contralor, sobre la cual la Primera Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación de oficio, es por haber dado una jugosa y presuntamente irregular liquidación a la extrabajadora del área de Tesorería Marcela Mejía Franco, con quien presuntamente estuvo (o estaría) vinculado sentimentalmente.

En efecto, al cesar la afortunada exservidora recibió 127 mil soles por concepto de compensación por tiempo de servicios, y una 'yapita' de 100 mil por concepto de pago de viáticos, pese a que su sueldo era de solo 3,500 soles.

La explicación del contralor: "Hubo un error de cálculo en la auditoría hecha."

El hecho nos hace recordar la escandalosa liquidación que percibió el expresidente de EsSalud, Fernando Barrios Ipenza, quien cobró más de 180 mil soles por concepto de liquidación al cabo de cuatro años de servicios.

Él había sido nombrado en el segundo gobierno de Alan García (ag) como presidente ejecutivo de esa entidad en septiembre de 2006 y renunció en octubre del 2010, al ser nombrado ministro del Interior. Al cabo de dos meses y una semana en el cargo, Barrios tuvo que renunciar al descubrirse que había cobrado esa suma por 'despido arbitrario'.

Eso nos mueve a preguntarnos cuánto habrá cobrado de liquidación el antecesor de Alarcón, el excontralor Fuad Khoury Zarzar, al cabo de sus siete años (2009-2016) de 'esforzado' y 'sacrificado' ejercicio en el cargo, con un sueldo mensual que ascendía a 33,100 soles que él mismo se autoasignó, violando todas las normas legales vigentes en ese entonces. (Saquen cuenta lo que cobró la extesorera por 4 años de servicio con un sueldo de 3,500 soles y lo que habría percibido el excontralor.)

Hagamos memoria: a fines de 2009, el intocable Fuad Khouri emitió la Resolución 200-2009, que modificó la Resolución 35-2005 (que establece la escala remunerativa), y se aumentó su remuneración mensual, que en esos momentos era de 15 mil a 33,100 nuevos soles.

Esa resolución contravenía el Decreto de Urgencia 038-2006, que en su artículo 2 decía que ningún funcionario o servidor público, bajo cualquier modalidad, podía percibir ingresos mayores a 6 UISP (Unidades de Ingreso del Sector Público), que era el sueldo del Presidente de la República, que se traducía en 15,600 soles.

Para que no haya piteadera interna, también incrementó la remuneración de los funcionarios a su cargo, entre ellos el vicecontralor Alarcón que pasó a ganar 27,000 soles.

Hubo escándalos en los medios informativos y críticas de algunos políticos, y al final… no pasó nada.

Consultado entonces por esos polémicos aumentos, Khoury los justificó diciendo que formaba parte de un plan destinado a "evitar la fuga de talentos" (sic).

En una entrevista que dio al diario El Comercio el 12 de abril último, Khoury dijo textualmente: "En el país hoy día ser corrupto es rentable". Si él lo dice…

 

Tema 4. Sospechas fundadas. Todo lo dicho nos hace suponer que el excontralor se cobró en forma directa y aparentemente legal el haberse hecho ciego, sordo y mudo frente a los más sonados casos de corrupción que se cometían en sus narices durante sus siete años de gestión.

Nos referimos a las innumerables adendas con que se sobrevaloraban hasta en cuatro o cinco veces los presupuestos iniciales de las obras a cargo de empresas brasileñas, encabezadas por la mafiosa Odebrecht. Todo ocurría mientras él tomaba su cafecito en la lujosa oficina que se mandó acondicionar en la nueva sede de la CGR.

Como él no sabía (o no podía) cómo cobrar las coimas por esas irregularidades que se pagaban, decidió más que duplicarse el sueldo y retirarse con una jugosa liquidación sin que nadie se diera por aludido ni lo cuestionara por estas omisiones u 'olvidos'. Quien lo hubiera hecho podría haber sido puesto al descubierto y denunciado, claro está.

En el informe final que sobre su gestión presentó a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República el miércoles 4 de mayo de 2016, el contralor informó pomposamente que 8,739 funcionarios habían sido hallados responsables de diversas irregularidades, de los cuales 880 fueron sancionados por faltas administrativas y corrupción.

 El informe, contenido en un grueso folleto de lujosa presentación en papel couché brillante, a todo color y lleno de cuadros estadísticos, no hace mención a ninguno de los casos de corrupción que se investigan por estos días.

A su favor, recordemos que, solo cuando el presidente de la comisión le preguntó concretamente sobre el 'Caso lava jato', Khoury 'se acordó' que en el Perú tres empresas brasileñas (Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa) habían celebrado contratos con el Estado para ejecutar 42 proyectos por un valor total de 17,337 millones de dólares, y de ese total Odebrecht había celebrado contratos por US$ 12 mil millones.

Sin embargo, en la memoria no figuran detalles de esas auditorías ni informes sobre las irregularidades detectadas ni de los funcionarios involucrados. Tampoco ningún congresista le pidió más detalles. Y hasta allí también llegó la cosa.

(Nota del Editor: el informe final aparece en las redes sociales, lo que permitirá confirmar lo referido líneas arriba.)

Tema 5. Trámite congresal. Volviendo al caso del actual contralor Alarcón, casi todos los medios y algunos congresistas han criticado a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, por haber remitido la denuncia del auditor a la Subcomisión (no 'Comisión') de Acusaciones Constitucionales, y a la presidenta de esta, Karina Beteta, por haberla desestimado.

Hay que aclarar las cosas: la presidenta del Congreso no es la encargada del referido trámite. Todas las denuncias que llegan a su despacho son derivadas a la Oficialía Mayor, a cargo de José Cevasco, y es este quien determina a qué grupo de trabajo le encarga investigar.

La decisión de la congresista Beteta fue correcta porque su grupo de trabajo solo debe atender denuncias contra funcionarios que tienen derecho al antejuicio, y cuando Alarcón se dedicaba a la compra-venta de vehículos era vicecontralor, cargo que carece de esa prerrogativa. En este caso la desestimación se basaba en la forma no en el fondo de la denuncia.

En todo caso, la denuncia de Grados Aliaga también fue remitida a la Comisión de Fiscalización, que preside el fujimorista Héctor Becerril, quien nunca le dio curso. Que no venga este señor a decirnos ahora, como lo ha hecho, que le resulta 'sospechoso' que se reavive la denuncia después de que el contralor emitiera su informe contra la adenda del contrato sobre el aeropuerto de Chinchero. No somos caídos del palto, tío.

¿No recuerda que su despacho recibió la denuncia en septiembre del año pasado (¡hace ocho meses!) y nunca dijo esta boca es mía? Y ahora quiere lanzar una nueva 'cortina de humo' para culpar a otros de su omisión o interesado olvido.

Ahí lo dejamos. Por ahora.