El domingo 31 de mayo de 1970, día en que
ocurrió el terrible terremoto que afectó a decenas de miles de familias e hizo
desaparecer del mapa a la bella Yungay, estaba en marcha una operación que
nunca se llegó a concretar y, por ende, jamás fue revelada.
Pasado medio siglo de estos hechos y
desaparecido algunos de sus protagonistas, valga recordar esos acontecimientos
que devinieron en lo que se convirtió en algo así como ‘la carta que no se
envió’; en este caso, el sueño que jamás se concretó, si para bien o para mal,
eso nunca se sabrá. Hay que tomar este relato como un pasaje más del
anecdotario periodístico de nuestro país
Lo cierto es que de no haberse producido la
tragedia que arrasó con la vida de más de 70 mil personas, se hubiera llevado a
cabo una operación bien planificada que podría haber cambiado parte de la
historia del periodismo peruano.
Fueron pocas las personas que estaban al tanto
de lo que se cocinaba entre bambalinas, y mucho menos que esa misma noche se
repetiría lo que se había hecho 88 días antes con otros dos diarios de la capital.
Vayamos “por partes y cucharadas”, como decían
los abuelos, y recordemos lo que sucedía al interior del diario fundado en 1962
por el magnate pesquero Luis Banchero Rossi, y que condujeron a planificar esa
decisión.
Los hechos se remontan, exactamente, a un año
antes, a la noche del 31 de mayo de 1969, día en que el secretario general del
Sindicato de Periodistas y Empleados de Empresa Periodística Nacional (Epensa),
Óscar Vergara, y el secretario de Defensa, José Vargas Sifuentes, presentaron
una denuncia formal ante la División de Investigación de Defraudación de Rentas
Fiscales de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), que formaba parte del
Ministerio de Hacienda y Comercio.
La denuncia fue presentada por los dirigentes
sindicales, asesorados por Carlos Ortega, alto funcionario del Ministerio de
Industrias y Comercio; y Guillermo Thorndike, exeditor del mismo diario Correo.
Se acogía así la sugerencia hecha por el
coronel Campos, director superior de esa cartera, en la reunión que sostuvieron
horas antes en la casa del coronel Gallegos, pues el titular del Ministerio del
Interior, general Armando Artola, se encontraba de viaje fuera del país. En esa
oportunidad, el coronel Campos sugirió que se presentara la denuncia formal, y
que se guardara absoluta reserva y paciencia hasta que la policía fiscal
obtuviera las evidencias probatorias, siguiendo las pruebas indiciarias expuestas
en la denuncia.
Al retorno del ministro, el general Armando
Artola, y por sugerencia de Ortega y Thorndike, los dirigentes reiteraron la
denuncia, esta vez ante el despacho ministerial. Los documentos fueron
entregados al guardia republicano apellidado Calvo, ayudante del coronel
Campos.
La cosa es que una investigación propiciada por
el Sindicato había revelado que en Epensa, presumiblemente, se cometían ‘graves
irregularidades’ contables, con el visto bueno del director-gerente, Enrique
Agois Paulsen, cuñado de Luis Banchero (estaba casado con Olga Banchero Rossi).
Los supuestos beneficiarios eran el propio Agois, el subgerente general, Róger
Charcap; y los jefes de Distribución, Joaquín Arrieta; de Talleres, Antonio
Martínez; y de Fotografía, Werner Lang Hetch; más el ingeniero Darío Teodori,
de nacionalidad argentina jefe del sistema de comunicaciones del diario, entre
otros.
Según el memorándum que se entregó al general
Artola, los funcionarios habrían establecido negocios de imprenta que
funcionaban clandestinamente con materiales y maquinarias desgravadas al amparo
de las leyes que beneficiaban a las empresas periodísticas; y traficado con el
papel de bobina que ingresaba desgravado al país y parte del cual era cortado
en resmas y vendido a otras imprentas.
En síntesis, la investigación revelaba, entre
otras presuntas irregularidades, que se habría estado burlando de la buena fe
de los trabajadores por medio de balances que arrojaban pérdidas ficticias; y
la impresión de un mayor número de ejemplares que los declarados oficialmente,
lo que conducía a burlar el pago de impuestos y perjudicar los intereses del
Estado.
La denuncia contenía copias fotostáticas de ‘libros
reservados’, pero carecía de pruebas contundentes, pues a estas no tenían accesos
los trabajadores, por “falta de los medios necesarios”. De esto se encargaría
la policía fiscal.
Una larga espera
Los días transcurrían y nada se había avanzado.
Recién el 7 de julio de 1969, y por insistencia de Carlos Ortega, los
dirigentes fueron informados del inicio de las investigaciones.
En ese período, algunos cambios realizados por
los funcionarios mencionados (liquidación o traspaso de algunas imprentas; y ‘desaparición’
de documentos incriminatorios, por ejemplo), demostraban que la denuncia
sindical había llegado a su conocimiento, y estaban ‘curándose en salud’.
Además, 26 días después de presentada la
denuncia ante la Policía Fiscal Epensa reveló que su capital se había reducido
en 24 millones de soles y que Luis Banchero y las compañías del grupo Banchero
habían dejado de ser accionistas.
Con las supuestas pruebas en sus manos, la
Policía Fiscal, en coordinación con los dirigentes sindicales, programó la toma
de las instalaciones del diario Correo para la medianoche del 31 de mayo de
1970, cuando la edición estuviera cerrada y la mayoría de trabajadores se
hubiera retirado, a fin de evitar cualquier posible resistencia.
En la toma del diario participarían fuerzas combinadas
del Ejército y de la Policía Nacional, con miras a su posterior administración
por una cooperativa que estaría conformada por los periodistas, empleados y
obreros del mismo diario.
Los detalles habían sido ultimados con altos
oficiales del Ejército la noche del día anterior. En una reunión realizada en
casa de Guillermo Thorndike, en Barranco, los dirigentes sindicales fueron
informados de los preparativos. En esa reunión participaron también el
fotógrafo Carlos ‘Chino’ Domínguez, el periodista Humberto ‘Chivo’ Castillo y dos
dirigentes del Sindicato de Obreros, entre otros.
El día señalado, como ocurría todos los
domingos, la redacción ubicada en el segundo piso de lo que antaño fuera sede
del colegio La Recoleta, en la avenida Wilson (hoy Garcilaso de La Vega), entre
las avenidas Bolivia y Uruguay, estaba copada por los redactores de deportes,
de fútbol en particular. Esta vez el comentario general era el resultado a 0
goles entre las selecciones de México y de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS), en el partido inaugural del Campeonato Mundial de Fútbol
México ‘70.
Los diálogos fueron interrumpidos por el
fuerte movimiento sísmico que se inició a las 3 y 23 minutos de la tarde, y
provocó el desbande general. Periodistas y otros trabajadores corrieron a
buscar la escalera de salida de la redacción. La caída de trozos de yeso que se
desprendían de las paredes de quincha y adobe hizo que todos temieran lo peor.
Pasado el susto, y ya calmados los ánimos,
fueron bajados los escritorios y las máquinas de escribir, y se improvisó una
sala de redacción en el comedor de empleados del primer piso.
Conocido el epicentro del sismo, el jefe de
Redacción, Julio Higashi, designó a Vargas Sifuentes como enviado especial al Callejón
de Huaylas, en compañía del reportero gráfico Óscar Medrano, secretario de
Prensa y Propaganda, que también conocía de la toma del diario, pero no de la
fecha de su ejecución.
Ante
esa situación, ‘Piolín’ decidió abstenerse de viajar, subió a la sala de Redacción
donde estaba instalado el teléfono directo, se comunicó con su hermana Adelina
y le explicó que si llamaban del diario dijera que la madre de ambos estaba
delicada de salud, como consecuencia del sismo.
Bajó y le informó a Higashi de la ‘enfermedad’
de su madre, por lo que no podía viajar. En su reemplazo fue designado su
colega Rodolfo ‘El Cholo’ Orozco. Antes de partir, Medrano le preguntó a ‘Piolín’
sobre lo que iría a pasar esa noche. “No te preocupes, después te cuento todo”,
fue su respuesta.
La mentira estuvo a punto de ser descubierta
cuando Norman Díaz, encargado de la sección Cables del diario y esposo de
Adelina, quiso saber lo que le pasaba a su suegra. Llamó a su casa y recibió
por respuesta lo que Piolín había indicado.
Alrededor de las 7 de la noche, Piolín pidió
permiso para retirarse y se dirigió a la casa de Thorndike donde ya se
encontraban presentes los otros involucrados en la conspiración.
Se iba a repetir la misma acción que tomó el
gobierno del general Velasco Alvarado el 4 de marzo de ese año cuando ocupó la
sede de los diarios Expreso y Extra y la puso en manos de una
cooperativa conformada por sus trabajadores.
Alrededor de las 10 de la noche, Thorndike
recibió una llamada del coronel Campos, quien le informó que eran muy alarmantes
las noticias recibidas de lo ocurrido en el Callejón de Huaylas, donde una
ciudad habría sido sepultada por una avalancha originada en el nevado
Huascarán, situación que preocupaba mucho al gobierno militar.
Uno minutos después, a una hora como la de
este mensaje, y confirmada la situación de emergencia originada por el sismo,
el Gobierno había decidido posponer la toma del diario. Su atención ahora
estaba concentrada en hacer frente a los daños ocasionados por la tragedia.
Así, se dejó sin efecto la toma del diario, y
sobre el tema no volvió a hablarse durante los meses siguientes. Óscar Vergara,
‘Piolín’ Vargas y Óscar Medrano no volvieron a tratar el tema, y este paso al
olvido.
Muchos meses después, Vargas Sifuentes -y
presumiblemente Vergara y los otros ‘conspiradores’- recibió dos órdenes de
comparendo de la División de Investigación de Defraudación de Rentas Fiscales
de la PIP. Una emitida el 2 de febrero de 1971 por el comisario primero PIP
Ciro Cano Meneses; y otra el 10 de marzo firmada por el coronel PIP Aquiles
Medina Merino.
La primera orden citaba a Piolín para el 3 de
febrero “para esclarecimiento sobre defraudación”; y la segunda, para el 13 de
marzo, “para esclarecimiento sobre denuncia presentada a esta dirección”.
En coordinación con Thorndike, Piolín hizo
caso omiso a esas citaciones, pues él ya no era dirigente y la situación de los
trabajadores diario había mejorado gracias a la atención que recibió el Pliego
de Reclamos del Sindicato, por parte del Ministerio de Trabajo, que atendió la sus
demandas.
Además, por si fuera poco, ya se había pasado
la misa de 8, como también decían nuestros abuelos. Colorín colorado, y a otra
cosa, mariposa.
JLVS
